En un informe sobre la deportación de inmigrantes, presentado ante el Congreso como parte de la justificación presupuestaria, ICE ofreció el primer balance estadístico oficial desde que Donald Trump asumió el cargo, abarcando un periodo de transición que incluyó los últimos meses del mandato de Joe Biden. De este total de 442.637 deportaciones, aproximadamente el 38 % de las personas expulsadas —unas 167.000— contaban con antecedentes penales o cargos pendientes.
Desafíos y metas presupuestarias
A pesar de los resultados publicados, persiste una brecha entre la capacidad operativa y los objetivos de la agencia. Aunque el ICE se ha fijado la meta de alcanzar el millón de deportaciones para el próximo ejercicio, la propia agencia ha solicitado una reducción presupuestaria para el año fiscal 2027 en comparación con 2026. Esta solicitud incluye recortes de 751 millones de dólares en detención y transporte, así como una disminución de 155 millones en el presupuesto de horas extras para agentes, argumentando que se cuenta con el respaldo financiero de la Ley "One Big, Beautiful Bill" aprobada en el verano de 2025.
La incógnita de la "autodeportación"
Un aspecto relevante del reporte es la ausencia de datos sobre la llamada "autodeportación". Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha difundido comunicados alegando que más de dos millones de personas han salido del país bajo esta modalidad, dichas cifras no fueron integradas en el informe oficial de justificación presupuestaria. Esta discrepancia ha generado preguntas sobre la transparencia y la metodología utilizada por las autoridades migratorias para medir el impacto real de sus políticas en la reducción de la población indocumentada.
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